15 septiembre 2000

Ruanda: los expedientes del genocidio III
¿víctimas de segunda?

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue creado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en noviembre de 1994. No puede juzgar en ausencia, y sólo tiene potestad para condenar individuos, por lo que no puede encausar a personas jurídicas, gobiernos ni organizaciones. Los tres juzgados del ICTR, compuestos en total por 14 jueces, así como su Oficina de Registro, están en Tanzania, país fronterizo con Ruanda; pero la Oficina del Fiscal del ICTR tiene sede en Kigali, capital ruandesa. El ICTR comparte la Corte de Apelaciones con el Tribunal que juzga a quienes cometieron crímenes de guerra en la ex Yugoslavia.

En las celdas que el ICTR tiene en Tanzania esperan su juicio catorce líderes políticos, diez jefes militares, tres periodistas, diez funcionarios públicos de alto nivel, cinco hombres de negocios, un pastor y un médico. Entre los principales arrestos se cuenta incluso el de un ex Primer Ministro. Para estos esfuerzos no se cuenta con una fuerza especial internacional, como sí existe para los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia, sino que se depende de la colaboración de los gobiernos; hasta el momento los arrestos se han realizado por parte de las policías de once países africanos diferentes.

En julio de este año las posibilidades del ICTR de capturar a los acusados han recibido un fuerte espaldarazo con el establecimiento, por parte del gobierno de Estados Unidos, de recompensas de hasta cinco millones de dólares para quien de informaciones que lleven a la captura de los presuntos autores de crímenes de lesa humanidad en Ruanda. Esta medida se tomó en medio de duras críticas a la política estadounidense con respecto a los criminales internacionales, que llevó incluso a declaraciones públicas como la del senador Feingold, quien expresó que tiene “la percepción de que existe un doble estandard en la política exterior de Estados Unidos, en la cual las vidas africanas son, de alguna manera, menos valiosas que las europeas, y las atrocidades africanas son, también en cierto modo, más aceptables”.

En diciembre de este año estará terminado el análisis de los 2000 expedientes labrados por un equipo de 1600 investigadores, para cuantificar del modo más exacto posible el genocidio que se vivió en Ruanda en el año 1994. Cálculos previos hablan de entre quinientos mil y un millón de muertos. La Organización de la Unidad Africana elaboró un reporte de 318 páginas en el que se asegura que el genocidio ruandés pudo haber sido prevenido, y critica por su lentitud en actuar tanto a las Naciones Unidas como a los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Bélgica, e incluso a las autoridades de la Iglesia Católica. El informe es especialmente duro con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por no haber desplegado en el lugar una fuerza militar de paz.

(Artículo de Roberto López Belloso publicado en Brecha el 15 de setiembre de 2000)

==Tercera parte de siete

* 1- Ruanda: los expedientes del genocidio
* 2- Periodistas y religiosos
* 4- Cien días de horror
* 5- Criminales de guerra
* 6- Otros tribunales
* 7- Jurisdicción universal

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