Cascos azules en HaitíIrse cuanto antes, pero despacio

Los países latinoamericanos que integran la fuerza de paz de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) tienen más incógnitas que certezas acerca del desarrollo de esa misión. Algunos analistas perciben que desean retirarse del país apenas el gobierno local esté en condiciones de gobernar.

Cómo terminar con la Minustah sin que los problemas haitianos terminen con Haití. Un dilema de dos orillas. Reunidos en Puerto Príncipe el jueves 9, varios sectores de la oposición haitiana debatieron qué hacer con la seguridad nacional luego de que se retiren los cascos azules. Una semana antes, en Montevideo, representantes políticos de los nueve países de la región que están vinculados a la misión de paz se reunieron con académicos buscando insumos para cuando el Consejo de Seguridad de la onu vuelva a analizar el tema el mes próximo.

"Todos los países de América Latina que forman parte de la Minustah quieren irse de Haití lo antes posible, pero primero es necesario que el gobierno esté en condiciones de gobernar ese país”, dijo a Brecha el politólogo Julián González. Remarcó que hay una intención común de “irle bajando el perfil a la Minustah para levantar el perfil del gobierno” en la resolución de los problemas de la población.

Ese fue el tono dominante de un encuentro realizado en Montevideo a comienzos de mes (Seminario internacional La Cooperación Latinoamericana en la Intervención Humanitaria en Haití, organizado por el Programa de Cooperación en Seguridad Regional de la Fundación Friederich Ebert) y en el que participaron varios viceministros de Defensa y Relaciones Exteriores. Hubo cierto acuerdo general sobre la conveniencia de permanecer en ese país del Caribe, más allá de las dudas que varios participantes expresaron sobre la situación que originó la presencia de los cascos azules. En este sentido no se dejó de mencionar el hecho de que en el origen de este despliegue hubo una intervención estadounidense y francesa, países que a su vez tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de la onu, órgano que en última instancia es “el dueño” de la misión. Ahora, sin embargo, se reconoce que hay un gobierno legítimamente electo que solicita la permanencia de las fuerzas de paz.

EL SEMESTRE DESPUÉS

Más allá de la opinión oficial de Puerto Príncipe, reafirmada a comienzos de mes con motivo de la visita del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, el sistema político haitiano ya está hablando de un escenario sin la Minustah. Algunas de las alternativas son restablecer el ejército o apoyar a la nueva fuerza de seguridad que está surgiendo de este proceso. Las deliberaciones se están produciendo este fin de semana en el marco del Congreso Nacional de la Convención de Fuerzas Democráticas, en el que se estrena la fusión política de los socialdemócratas haitianos, entre los que se destaca el movimiento Lavalas, del ex presidente Aristide.

Una semana antes, el jueves 2, otro grupo opositor se había manifestado a favor de establecer un cronograma para “un retiro negociado” de los cascos azules. El pastor Chavanes Jeunes, líder de la Unión Nacional para la Reconstrucción de Haití, que cuenta con ocho bancas en el Parlamento, dijo que la misión debe quedarse entre tres y cinco años más, pero debe hacerlo mediante prórrogas semestrales controladas. De esta manera, en opinión de Jeunes, se podrá “recuperar la total soberanía” estableciendo paralelamente un amplio acuerdo nacional para resolver los problemas de seguridad.

VIOLENCIA URBANA

Un informe de la Escuela de Cultura de Paz, realizado en marzo de este año en el marco de la Agencia de Cooperación Iberoamericana, de España, descarta que en Haití se haya producido un conflicto armado como se conocería convencionalmente. En opinión del autor del documento, Albert Caramés Boada, el haitiano es un caso de “violencia armada urbana”.

Según el seguimiento realizado por Justice et Paix, se ha constatado que en los últimos tres años ha habido alrededor de 2.200 muertos, 80 por ciento de los cuales murieron como consecuencia de disparos de armas ligeras. Ante la debilidad de las instituciones estatales, otro indicador del nivel de violencia es el fenómeno de los secuestros, ya que se han detectado alrededor de 750 casos entre 2005 y 2006, destacando especialmente los 162 casos de diciembre de 2005. Si bien inicialmente podían tener motivaciones políticas, actualmente se conciben como un método rápido para obtener dinero.

Los responsables de esta violencia no son grupos guerrilleros sino bandas armadas. Caramés Boada destaca que ya no se puede hablar de que haya 30 mil miembros de grupos armados, tal y como apuntaban estudios anteriormente realizados, sino que se calcula que los grupos armados tienen entre 4 mil y 6 mil miembros. En el documento subraya que si bien su estructura e idiosincrasia son muy variadas, se trata de bandas muy relacionadas e interconectadas entre sí. Cada grupo armado –agrega– lo conforma un líder acompañado de entre tres y seis lugartenientes, mientras el número de efectivos totales puede llegar al medio centenar.

VISIONES CONTRAPUESTAS

El especialista afirma que “las causas de inseguridad se articulan principalmente por la ausencia de alternativas sociales y económicas, de corrupción política y la ineficacia de servicios de base ofrecidos por las instituciones gubernamentales a la población”. Un contexto de pobreza en el cual un caso paradigmático es el barrio Cité Soleil, situado en Puerto Príncipe, con 300 mil habitantes y ubicado de manera estratégica: cerca de la zona portuaria industrial, lo que lo vuelve de alto interés en el corredor del narcotráfico. En el reporte se reconoce que el nivel de violencia se ha reducido considerablemente durante los últimos meses. En este sentido se recuerda que a partir de diciembre de 2006 y hasta febrero de 2007, “tras el agotamiento casi absoluto de la estrategia negociadora con los grupos armados en ese barrio, (el presidente) Préval dio luz verde para que un comando conjunto de la Minustah y la Policía Nacional Haitiana llevara a cabo una operación de intervención militar”.

Fue una operativa sumamente polémica. El secretario general de la onu considera que los cascos azules actuaron “con una decisión, eficiencia y energía que pueden servir de modelo para cualquier intervención internacional de mantenimiento de la paz”. Grupos defensores de los derechos humanos aseguran que se cometieron muchas irregularidades y que hubo víctimas civiles. Un artículo de Guillermo Chifflet describió esa operación de este modo: “casi con las campanas de la Nochebuena, las Naciones Unidas brindaron otro obsequio al pueblo haitiano: una nueva masacre” (Brecha, 26-I-07).

De acuerdo con Ban Ki Moon, las cifras apoyan su percepción, ya que “en una operación que duró seis semanas y tras cruentos combates, las fuerzas de las Naciones Unidas asumieron el control del barrio”, generando una nueva situación en la que “los resultados hablan por sí mismos: en junio sólo se denunciaron seis secuestros”. Quienes consideran que se trató de un episodio sostenido de violaciones a los derechos humanos también tienen sus números. Hablan de entre 40 y 80 muertos, varios de ellos civiles inocentes.


Trivia
Haití tiene una superficie de 27.750 quilómetros cuadrados (aproximadamente el tamaño de Tacuarembó), habitada por casi siete millones de personas. Comparte con República Domincana la isla La Española, en el Caribe.

(Artículo de Roberto López Belloso. Publicado en Brecha el 10 de agosto de 2007)