La otra gran muralla

Naciones Unidas confirmó que el gran desafío de China es enfocar los resultados del crecimiento de su economía hacia el combate contra las desigualdades sociales que existen entre el campo y la ciudad. Actualmente los chinos urbanos tienen una esperanza de vida cinco años mayor que sus compatriotas rurales.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dio a conocer el viernes pasado el reporte anual de desarrollo humano correspondiente a la República Popular China. Allí se constataron varios de los resultados contradictorios del último cuarto de siglo de apertura económica. El organismo internacional destacó que en ese período China logró que 250 millones de personas salieran de la pobreza, pero, como contracara, duplicó la desigualdad en materia de ingresos, que hoy es una de las mayores del mundo. Como ejemplo, el PNUD dijo que “una persona que vive en una ciudad percibe un promedio de 1000 dólares por año, en tanto que los habitantes de zonas rurales ganan sólo 300 dólares”. Esta inequidad también se refleja en términos regionales (en el Tibet, sólo la mitad de la población sabe leer y escribir, mientras que más del 97 por ciento de los habitantes de Beijing, Shangai o Tianjin están alfabetizados) y de género (la tasa nacional de analfabetismo de la mujer duplica la del hombre). En el informe se hace “un llamamiento a la adopción de nuevas reformas financieras para alentar a más personas a establecer sus propias empresas, y se recomienda otorgar pequeños préstamos a los empresarios chinos para que abran pequeñas empresas”. A la vez se propone hacer las reformas que permitan el establecimiento de “un sistema de seguridad social y seguro de pensiones que abarque a todos y garantice redes de seguridad social para todos los trabajadores del país”, que permitirá “mejorar los derechos laborales, especialmente de los 150 millones de trabajadores migrantes”.
En cuanto a la incidencia del analfabetismo en las brechas campo-ciudad, los autores del informe enfatizaron que mejorar el nivel educacional de los agricultores contribuye en gran medida a aumentar sus niveles de competencia y, en última instancia, sus ingresos. Algo que no por sabido se incluye siempre como componente de las políticas públicas de desarrollo. Para que eso se refleje en la realidad el equipo de expertos indica que tiene que haber pasos concretos que vuelvan los programas de estudio y el sistema de educación “más pertinentes a las necesidades del mercado laboral”. En esa dirección el estudio recomienda “el establecimiento de universidades de la comunidad para la formación profesional a grupos en situación desfavorecida, y capacitación en empresas”.

(Artículo de Roberto López Belloso publicado en Brecha en diciembre de 2005)