05 abril 2002

Genocidio: el otro juicio

Paralelamente al juicio que se está siguiendo en La Haya, por el cual se acusa a Slobodan Milosevic de cargos de genocidio y crímenes de guerra, hay otro proceso que otro Tribunal Penal Internacional está llevando adelante por crímenes contra la humanidad cometidos por un exdirigente político de primer nivel, en este caso en África.

Su nombre es Théoneste Bagosora, exjefe de gabinete del Ministerio de Defensa de Ruanda, y a pesar de que se negó a salir de su celda en reclamo de garantías, se lo comenzó a juzgar en la capital de Tanzania este miércoles 3. Aunque estuvo presente la procuradora general Carla del Ponte, el impacto mediático de este hecho fue mucho menor que el de las primeras jornadas del juicio contra Milosevic, tal vez por la menor exposición que tuvo la crisis de Ruanda ante la opinión pública, o por la preeminencia de la situación de Oriente Medio en las agendas informativas de la semana, o tal vez por aquello sobre lo que alertara en su momento el secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan: quizás los muertos de áfrica cuentan menos.

El coronel Bagosora, que tiene actualmente 61 años, fue la cabeza visible de las matanzas étnicas que costaron la vida a 800 mil ruandeses en los años noventa. Se trató, según el acta de acusación del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, de una campaña sistemática, largamente preparada por el acusado entre los altos oficiales del ejército de su país. El punto de inicio de este episodio puede colocarse en el momento en que Bagosora se levantó de la mesa de negociaciones del Acuerdo de Arusha. Bagosora calificó de traidor al negociador gubernamental -quien finalmente fue asesinado- y prometió que regresaría a Ruanda para "preparar el apocalipsis". Y cumplió su palabra. Mediante una serie de documentos, que llegan a manos de Naciones Unidas a través de oficiales disidentes y que ahora integran el cuerpo probatorio central de la acusación de genocidio, Bagosora y los tres coacusados que comparten su causa instruyeron a los mandos militares ruandeses sobre la necesidad de exterminar a los ruandeses de etnia tutsi, así como a los hutus que estuvieran en contra del régimen hutu dominante, y a los extranjeros casados con mujeres tutsis. A la vez, se impulsó el fortalecimiento de las milicias paramilitares, y se trabajó en la creación de los insumos "de opinión pública" con que justificar el genocidio. En este último punto, uno de los documentos en poder de la fiscalía recomendaba "disimular la motivación étnica detrás de una lucha entre pobres y ricos".

A pesar de estas recomendaciones, una vez desatado el prometido apocalipsis, Bagosora no ocultó sus verdaderas intenciones. El 4 de abril de 1994, tres días después de comenzadas las matanzas masivas, el jerarca militar dijo que la única forma de encontrar una paz definitiva para el país era eliminar a todos los tutsis. Además del ejército, los promotores del genocidio contaron con la ayuda del movimiento Interahamwe, una milicia paramilitar formada por jóvenes hutus. Los líderes paramilitares presumían, en enero de 1994, de disponer de 1.700 hombres entrenados y de una capacidad de fuego que les permitía "matar mil tutsis cada veinte minutos".

El 7 de abril de 1994 fue cuando se produjo el asesinato selectivo de los tutsis más notorios, en base a listas que contenían los nombres de opositores a ser eliminados. De acuerdo con el acta de acusación, Bagosora fue el primero en ordenar la confección de estas listas, en una reunión reservada que mantuvo con dos generales en el año 1992. Este dato, sumado a las masacres de tutsis cometidas en Kibilira (1990), Buguesera (1991) y Bagowe (1992), revela que el genocidio de 1994 de que se acusa a Bagosora y a otros militares, políticos y periodistas hutus, fue en verdad la profundización, dramática y masiva, de la violencia étnica que se manifestaba cíclicamente en el país. No debe olvidarse que los odios entre hutus y tutsis se remontan al siglo xv, cuando los tutsis conquistaron la región que integra la Ruanda actual, e impusieron una sociedad feudal en la que a los hutus se les reservó el lugar de siervos sometidos a la nobleza tutsi (véase BRECHA 15-XI-00).

(Artículo de Roberto López Belloso publicado en Brecha el 5 de Abril de 2002).

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