01 julio 2005

Colombia y sus fronteras

La política de seguridad del gobierno colombiano está empujando el conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionadas de Colombia (FARC) hacia fronteras extremadamente frágiles como las de Venezuela y Ecuador, las cuales están habitadas por una población civil vulnerable que no está en condiciones de asimilar esa presión militar. Tal es la conclusión central del reporte “Las Fronteras de Colombia: el eslabón débil de la política de seguridad de Uribe”, publicado por el International Crisis Group (ICG) y recomendado como material de análisis el miércoles pasado por el área de prensa de la oficina colombiana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Esta vulnerabilidad, de acuerdo con el ICG, queda en evidencia cuando se toman en cuenta tanto factores cuantitativos (el ingreso per cápita en los doce departamentos de fronteras es un 23 por ciento inferior al promedio nacional) como cualitativos (la extrema pobreza y la ausencia de instituciones estatales han dejado a las poblaciones a merced de las actividades ilícitas que, inevitablemente, se desbordan y afectan territorios vecinos).

De acuerdo con la evaluación militar que realiza el reporte, las FARC siguen operando en cinco bloques, amparados en la protección que le brindan cientos de kilómetros de selva y ríos en las zonas de frontera, donde se encontrarían sus principales plantaciones de coca, materia prima que estaría en la base de sus ingresos económicos.

La frontera con Ecuador es central en esta estrategia financiera de las FARC. Según el ICG, en la zona de Nariño -que limita con las provincias ecuatorianas de Carchi y Esmeraldas- existen más de 50 mil hectáreas en las que se cultiva y procesa la coca. Esto origina una lógica peculiar, en la que las FARC y los grupos paramilitares de derecha combaten por territorio pero, a la vez, realizan pactos que facilitan el “modelo de negocios” de esta agroindustria ilícita: mientras uno de los grupos controla el cultivo, el otro gerencia el contrabando del producto. Como marco social, no debe olvidarse que Nariño es la zona más densamente poblada de la frontera (1.700.000 habitantes), y también una de las más pobres.

El trabajo de campo del IGC detectó en el límite de Colombia con Ecuador que, para muchas de las autoridades locales ecuatorianas, la presencia de las FARC en la frontera no plantea un problema de seguridad porque prima el lema de que “ellos no quieren problemas con nosotros y nosotros no queremos problemas con ellos”. Incluso, de acuerdo con el citado reporte, en algunas comunidades remotas las autoridades locales ecuatorianas toleran el hecho de que las FARC hayan establecido una especie de “autoridad moral” que en algunos casos es aceptada por los habitantes y en otros es impuesta.

(Artículo de Roberto López Belloso publicado en Brecha el 1 de Julio de 2005).

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